Todo parece indicar que la situación en Venezuela avanzará hacia una tensa calma, con un gobierno enquistado en el poder, con una oposición más unificada y con una presión internacional más rigurosa. Sin embargo, la verdadera llave para mover las clavijas y hacer tambalear al régimen de Nicolás Maduro serían sanciones económicas más fuertes por parte de Estados Unidos, particularmente las relacionadas con el sector petrolero.
Así lo deduce Carlos Cascante, académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (UNA), al hacer un análisis de la jornada del viernes pasado, cuando Maduro asumió un tercer mandato en el país suramericano, que se extenderá hasta 2031. Esto ocurrió pese a fuerte presión de la oposición, encabezada por María Corina Machado y el candidato que se declaró vencedor de las elecciones del 28 de julio, Edmundo González Urrutia.
Otras sanciones, como las que el Gobierno de Estados Unidos aplica a funcionarios particulares del régimen de Maduro, o la recompensa ofrecida de hasta $25 millones por el presidente y el ministro de Justicia y Paz Diosdado Cabello, no pasan de ser elementos discursivos. “El meollo del asunto son las sanciones al petróleo de Venezuela. Cualquier otra cosa puede sonar muy agresiva, pero el hecho de que Estados Unidos le diga a sus empresas ‘vea, si usted tiene inversiones en Venezuela, va a recibir sanciones del gobierno y, por ende, debe salir del país’, tendría más peso que cualquier otro tipo de sanción”, indicó Cascante.
Que una medida de esta magnitud se concrete es incierto. La llegada al poder de Donald Trump a partir del próximo 20 de enero podría disipar las dudas sobre la política que el gobierno norteamericano tendrá con su par venezolano. Sin embargo, como lo apuntó Cascante, existen intereses en juego: firmas petroleras financiaron la campaña electoral de Trump lo que podría generar compromisos que eviten nuevas sanciones.
Durante el primer gobierno de Trump sí se avanzó con medidas contra el sector petrolero, tras el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino del país sudamericano, en 2019. Luego, ya en el Gobierno de Joe Biden, se suspendieron las sanciones tras los acuerdos alcanzados en Barbados para asegurar elecciones libres en 2024.
En noviembre anterior, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro autorizó una licencia renovada para operaciones limitadas de cuatro compañías petroleras en Venezuela, que expiran en mayo de este año.
Por parte del bloque europeo, Cascante tampoco visualiza nuevas sanciones, más allá de las anunciadas y que afectan a 15 funcionarios del gobierno venezolano con prohibición de ingreso y congelación activos.
Dos caras de la moneda
Un golpe económico de estas dimensiones podría tener dos efectos: por un lado, afectar el mantenimiento y pago de puntual de los cuerpos policiales, grupos de choque y ejército, que han cerrado filas en torno a la figura de Maduro.
Además, la mirada del régimen hacia países aliados fuera del continente tiene sus limitaciones: con China, existe un endeudamiento relativo a los 10 mil millones de dólares; mientras que Rusia, centrado en su invasión a Ucrania, carece de recursos económicos para brindar un apoyo significativo.
Por otro lado, nuevas sanciones agudizarían la crisis económica venezolana. “Si usted impone una sanción puede complicar mucho la vida del régimen, pero también la de las personas, la vida de las personas y esto fomenta los dramas de derechos humanos ya agravados y, al mismo tiempo, promueve la migración, en un momento donde este fenómeno no es bien visto”, destacó Cascante.
A diciembre del año pasado, 7,89 millones de venezolanos se encontraban fuera de su país de origen, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). Esta cifra representa, según la entidad, el segundo mayor desplazamiento de personas a escala mundial.
Para el experto en relaciones internacionales de la UNA, el principal reto lo asumirían los vecinos más inmediatos a Venezuela, como Colombia, en primera instancia, y Perú.
En el caso de Estados Unidos, que mira con recelo los movimientos migratorios bajo la nueva administración, se espera una presión menor con respecto a otros países de la región. “Cuando este tema lo ve como algo político y no de seguridad, el discurso se vuelve más fuerte. En esa lógica, si empiezan a darse caravanas de migrantes, Trump va a presionar en mayor medida a México y a América Central, con amenazas de consecuencias si esa contención no se realiza”, enfatizó Carlos Cascante.
Por ahora, el analista considera que lo acontecido el viernes estaba dentro de la previsto: por una parte, se logró tensar al gobierno de Maduro aún más debido a la influencia internacional de Edmundo González y sus aliados; por otra, se mantienen vivas las fuerzas opositoras, con una movilización de la sociedad civil encabezada por Machado, quien pudo abandonar la clandestinidad a la que estuvo sometida durante meses.
Sin embargo, sus palabras de que González retornará a Venezuela cuando las “condiciones sean las óptimas”, solo tienen un camino, según Cascante: la caída de la dictadura.
El saldo de la jornada de juramentación fue el de un régimen que sale fortalecido y con una mayor seguridad a mediano plazo. Para la oposición el reto es enorme, ya que necesita mantenerse unida y vigorosa. De momento, el papel de la comunidad internacional, principalmente Estados Unidos, podría inclinar la balanza a favor de uno u otro lado.
Source
Guillermo Solano Gutiérrez
